Iemand die verdwenen is KAN gewoon niet een speciale behandeling " Jorge Videla, Ex dictator "
Op de kantoren van het ministerie van Agricultuur wist men niets Jorge Zorreguieta, Ex Secretario de Agricultura de Videla I. El día de la boda real, la orquesta tocaba "Adiós, Nonino" de Piazzolla, mientras Máxima lagrimeaba, emocionada. Ella misma había elegido ese tema por ser el preferido de su padre, que no había podido estar presente por su vínculo con la dictadura militar. En 1976 Zorreguieta ocupó la Secretaría de Agricultura, que tenía a su cargo el organismo estatal donde trabajaba Marta Sierra hasta el día de su "desaparición". Así que cuando los hijos de Marta vieron por televisión las lágrimas de Máxima no pudieron dejar de pensar en su madre, aunque ni siquiera saben cual era su canción favorita... Marta Sierra fue secuestrada en su casa el 30 de marzo de 1976, a menos de una semana de producido el golpe militar en Argentina. Tenía 36 años, estaba casada y tenía dos hijos (uno de los cuales, recién nacido, dormía junto a ella cuando la despertó el "grupo de tareas"). Nunca volvió a saberse de ella, y se presume que corrió el mismo destino que los miles de desaparecidos. En aquel momento poco podía hacerse ante la Justicia, mas que presentar unos inútiles "hábeas corpus" poniendo en riesgo la propia vida. Hoy solo ha cambiado el riesgo, y la Justicia sigue sin dar respuestas. Pese a todo –movilizados por la derogación de leyes que protegían a los implicados- sus hijos decidieron proseguir en los Tribunales la desigual batalla iniciada por su abuela (la madre de Marta) hace treinta años. Mas por una sensación íntima de deber ético que por la esperanza de encontrar –por fin- una respuesta. Y como creen que esa conciencia moral debería ser compartida por todo el mundo, la han vuelto a la consideración pública (que la desaparición –como todas en aquel momento- no tuvieron...) Por supuesto, saben que la atención pública concitada sobre el caso de su madre se debe a que entre los mencionados como funcionarios del área de Agricultura (bajo cuya órbita se encontraba el INTA –Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-, donde ella trabajaba) está Jorge Zorreguieta, padre de la princesa de Holanda. Y no es –como maliciosamente se ha dicho- que se lo haya mencionado por esa circunstancia, sino a pesar de ella... (¿o es que no deberían mencionarlo –entre tantos otros- solo por su vínculo con la corona?). Los hijos de Marta no están interesados en su relación con la familia real, sino en su actuación pública bajo el "gobierno militar" de Videla. Y no en la suya particularmente, sino en la de todos aquellos que tuvieron cargos de responsabilidad durante aquella dictadura, la mas sanguinaria de la Historia Argentina. Porque tampoco el caso de Marta Sierra es único: ella también representa a muchos otros (que acaso no tienen quien hable por ellos). Y si llevan "su" caso a la Justicia es solo para aportar una pieza al rompecabezas (esperando que muchos hagan lo mismo), y así contribuir en el largo proceso de indagar en la memoria colectiva buscando respuestas ("¿Qué pasó?, ¿Cómo ha podido suceder?", como preguntaba Hanna Arendt en relación al exterminio nazi). Un poco de todo esto es de lo que habla esta carta: no porque necesiten otra justificación que la Justicia misma, sino para explicar –a quien todavía no lo entienda- porque siguen pidiendo Justicia (aunque en un país como Argentina eso parezca una irrealizable utopía...) II. Este largo proceso que han atravesado hasta llegar a esta instancia (cuyo relato excedería largamente estas pocas líneas, porque debería ser una historia de los últimos treinta años), no se mide por los tiempos de un compromiso "real", sino por un real compromiso con la Verdad, mas allá del tiempo: cumplir el irrenunciable mandato ético de buscar la Justicia. En países con una tradición democrática sólida, donde las instituciones funcionan respetablemente, ese mandato se cumple sin que nadie se rasgue las vestiduras o piense que hay que "perdonar" a los padres para que su culpa no caiga sobre sus hijos (los hijos no heredan las culpas de su padres, pero pueden –por caso- reivindicarlos: haciendo escuchar en una ceremonia publica su canción favorita, o pidiendo justicia en su nombre. Cada uno hace lo que puede...) Por otra parte, no son los hijos de Marta los que han arrojado la primera piedra: si la persona de Zorreguieta se ha convertido en un inevitable punto de referencia al hablar del rol de los funcionarios civiles en el régimen militar, es precisamente gracias al Informe pedido por el parlamento de Holanda. Ese extenso Informe (que él mismo ha calificado como "imparcial") concluye sobre su actuación bajo la dictadura: "Es impensable que no supiera nada sobre la práctica de la represión y la situación de los derechos humanos". En su descargo público, Zorreguieta dijo: "Los hechos históricos mirados después de veinte años no tienen la misma fisonomía que cuando se vivieron". Efectivamente, el paso del tiempo nos da la posibilidad de apreciar de un modo mas justo la actuación de los hombres (sobre todo si son públicos). Mas aun cuando esa actuación tiene lugar en tiempos de oscuridad, y la vida de miles de ciudadanos está en juego: hay que optar entre estar del lado de las víctimas o junto a los victimarios. Los eminentes funcionarios de la dictadura optaron, al aceptar, sostener y reivindicar su desempeño bajo el "gobierno militar". En Argentina, en estos veinte años de democracia, cada vez que se ha hablado del periodo dictatorial abierto en 1976 se ha hecho hincapié en su brazo ejecutor (las Fuerzas Armadas), dejando en sombras a los distintos sectores que apoyaron al régimen, a través de la complicidad abierta o del silencio cómplice. Hubo –en esa compleja gama de grises- participes directos e indirectos: hubo quienes actuaron por acción y quienes lo hicieron por omisión. Lo que nunca hubo es una revisión a fondo sobre la responsabilidad civil en los crímenes de la dictadura militar. No solo en cuanto a la connivencia de distintos sectores de la sociedad civil con el régimen, sino en su misma íntima relación con los poderes del Estado: los funcionarios civiles tuvieron una obvia responsabilidad –ética, como mínimo- al haber formado parte de una dictadura, cuyas políticas ayudaron a diseñar (aun cuando en nuestro país no hayan sido "condenados" por ello, sino –antes bien- recompensados con alguna cuota de poder). Jorge Zorreguieta fue nombrado en su cargo de la Secretaria de Agricultura en abril de 1976, unos días después del secuestro de Marta Sierra. Esos pocos días le bastan para alegar que no tenía por que actuar en relación a ese hecho: Pero el secuestro –como todo el mundo sabe, ya que se ha vuelto tan presente en estos días como "ignorado" era entonces- no es un hecho puntual, producido y finalizado en el mismo momento de ocurrido, sino una acción que se prolonga en el tiempo. El secuestro de Marta Sierra se prolongó durante todo el tiempo en que Zorreguieta estuvo en su función, prosiguió durante toda la dictadura, y también bajo los gobiernos "democráticos" que se sucedieron, sin que hasta hoy hayamos sabido cual fue su destino. Zorreguieta dijo sobre el caso de la trabajadora del INTA: "En ningún momento me enteré; al contrario, para mí, todo esto es una novedad". Sin embargo, en el caso de Marta Sierra -como en la mayoría de los casos que fueron denunciados-, se realizaron desde el primer momento todas las gestiones que se podían hacer –en el contexto del terror instaurado por la dictadura-: "habeas hábeas", pedidos oficiales, imploraciones extraoficiales- hasta llegar, finalmente, a la denuncia ante la CONADEP con la restauración de la democracia, en 1984 (año en el que Zorreguieta, según dice, "recién" tomo conocimiento de las desapariciones), cuando el Estado reconoció su culpa (mas allá de los sucesivos intentos por perdonarse a sí mismo: de la autoamnistía del ultimo gobernante militar, Bignone, a los indultos del presidente Menem). La esperanza de que se hiciera Justicia entró entonces en un cono de sombra, y su familia, después de tantos años de lucha sin respuesta (que llevaron a su padre a la muerte, de pura tristeza) se resignó a no obtener resultados. Sin embargo, el fin de los corruptos años 90 y cierta voluntad de devolverle al Poder Judicial su rol primordial como institución de la República, han alentado en sus hijos una última esperanza. Es por eso que, casi treinta años después, y reconocida ya la culpa del Estado en forma genérica (sin que se haya hecho, por eso, una investigación general sobre la represión), la única vía que nos queda es realizar una demanda penal, para que se indague lo que nunca nadie investigó: las responsabilidades individuales. III. El caso Marta Sierra ya había sido objeto de información periodística cuando Máxima se comprometió con el heredero de la corona (Página12, 31 de marzo de 2001). Pero Zorreguieta seguía, al parecer, poco informado. Solo al ser consultado por una radio tras la presentación judicial hizo declaraciones al respecto: "Esta pobre señora, que lamentablemente desapareció, no tiene nada que ver conmigo". Esa "pobre" señora, Sr. Zorreguieta, no era digna de lástima hasta ser "desaparecida" por el mismo gobierno que usted integró: era una mujer íntegra, que trabajó en el INTA hasta que fue cesanteada... un día después de su "desaparición". Fue ese un hecho "lamentable", si, pero no accidental ni casual: Alguien determinó que fuera secuestrada por un "grupo de tareas", que se la llevó sin siquiera dejarla vestirse, después de irrumpir en el cuarto en el que dormía con su hijo recién nacido. Es imprescindible –no solo para sus hijos, sino para cualquier persona de bien- saber no solo quienes ejecutaron esa orden, sino también quien la dio, y cuales fueron las razones "de seguridad" invocadas para despedirla –cinicamente- un dia después de su secuestro (a través de una "ley" que era un manto pseudo-legal para encubrir la represión indiscriminada). ¿Qué motivos podía haber para que un grupo armado con armas largas raptara a una mujer indefensa mientras dormía? ¿Acaso las tareas de alfabetización que realizaba en su lugar de trabajo -enseñando a leer y escribir a adultos analfabetos- eran "subversivas"? En cuanto a que ella no tenía "nada que ver" con Zorreguieta, eso es mas que claro: Solo los unía su trabajo en el Estado –él como Secretario de Estado de una dictadura, ella como una trabajadora preocupada por la pobreza que veía a su alrededor- y el desempeño de Marta Sierra "cesó" cuando fue secuestrada por el "gobierno" del que Zorreguieta pasó a formar parte (ya que ella no podía diferenciar su labor "técnica" de su compromiso social). Pero según las declaraciones de Zorreguieta, "tampoco el INTA estaba en ese momento bajo la jurisdicción de la Secretaría de Agricultura". Esperemos que pueda entonces informar al juez bajo que jurisdicción estaban el INTA, la Secretaria de Agricultura, y la misma Junta de Comandantes que decía "gobernar" la nación, ya que nadie ha asumido su responsabilidad en el diseño del plan represivo (que no fue improvisado en los primeros días del golpe, sino que se gestó previamente, como base "política" que garantizara la ejecución del plan "económico" cuyas funestas consecuencias aun estamos padeciendo: en ese período la deuda externa pasó de 8000 a 45.000 millones de dólares, sin que tampoco haya "responsables" de ese descalabro). "Técnicamente" hablando, se trata de crímenes de lesa humanidad. Pero ya sabemos que cuanto mas grande es el crimen, mas fácil es eludir la culpa. Basta con echársela a la víctima (como se hacía en aquel momento) o a "toda la sociedad" (como se hizo después). IV. Dijo también Zorreguieta, al enterarse casi treinta años después del secuestro de Marta Sierra: "Nadie me informó que le había pasado algo, que había desaparecido". Pero si el INTA no estaba bajo su jurisdicción, como él afirma, nadie tenía porque informarlo... De todos modos, es notable lo poco informado que estaba, siendo Secretario de Agricultura (teniendo esa secretaría un rango ministerial). En sus declaraciones públicas a raíz de la investigación llevada a cabo por el gobierno holandés, dijo que "solo en 1984 se tomo conocimiento de lo que había ocurrido", aun cuando en Argentina el tema era de conocimiento publico por lo menos desde 1978 –año de las visita de la comisión de derechos humanos de la OEA-, y en el exterior –que él visitaba asiduamente por su labor oficial- ya desde los meses posteriores al golpe de estado... En 1984 lo único que cambió fue el discurso dominante: los que antes decían "por algo habrá sido" luego dijeron "yo no sabía nada". Pero la intención era la misma: no asumir responsabilidad alguna por lo que había sucedido. Lo que puede incluso sonar al menos como excusa verosímil en el caso de ciudadanos comunes, pero que es muy difícil de creer en el caso de quienes ocupaban cargos prominentes. ¿O alguien puede pretender que podía llevarse a cabo un plan sistemático de desaparición de personas, como fue probado en juicio, sin –por lo menos- el acompañamiento del establishment económico y político? Aunque en la división del trabajo el ejercicio de la represión correspondía a los militares, el plan represivo era –como mínimo- un "secreto a voces" (ya que su realización demandaba esfuerzos en todas las áreas del Estado: sin ir mas lejos, los datos de los que iban a ser detenidos salían muchas veces de sus legajos públicos...). Los que "no participaban", sabían. Los que "no sabían", suponían. Y todos, consciente o inconscientemente, cubrían con un manto de silencio -o de vacías palabras, repitiendo como una invocación las consignas de la dictadura-, todo aquello que no fuera la impostura del funcionamiento "normal" del Orden "republicano". Porque de algún modo sabían, también, que esas palabras iban a derrumbarse bajo el peso de sus actos, que ese silencio no se sostendría para siempre (al menos del lado de las víctimas...). Y aunque siempre se cuidaron –se cuidan- de hablar públicamente sobre el tema, fue el mismísimo Videla –jefe militar al fin- quien lanzó (en nombre del Estado, frente a periodistas extranjeros que lo importunaban) esa frase que le ha reservado un lugar en la "Historia Universal de la Infamia": "Un desaparecido no está muerto ni vivo: no tiene entidad, no existe". Era la confesión directa del plan: la ilusión de que la desaparición borraría el crimen. Ya que también pretendían borrar su historia, su recuerdo (para que nadie los molestara en su nombre). Como si bastara con un simple gesto burocrático -que los dejara "cesantes", "ausentes para siempre"- para determinar su desaparición absoluta, metafísica. Con un solo gesto que representaba el sueño del poder absoluto: hacer una cruz en un nombre y después olvidarlo, como uno mas entre tantos (sin que ningún grito final, ninguna última mirada, vinieran a turbar la paz de las conciencias). Es claro que los civiles no participaron directamente de la represión: solo la usufructuaron, una vez que las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Ya que para esto fueron llamadas: para que se encargaran del trabajo sucio (que debía ser hecho, por supuesto, en las sombras), utilizando todo el poder del Estado (lo que garantizaba, con la efectividad "profesional" de las tres Armas, dejar atrás las desprolijidades de la AAA): y así actuar sin salpicar con sangre las actividades "oficiales", el desarrollo "normal" de las otras actividades del Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato pasaron así a estar "fuera del área" de los funcionarios civiles, que siempre han usado un lenguaje burocrático que licua sus responsabilidades: el prototipo histórico es una vez mas el régimen nazi, que también hablaba de "solución final" para no llamar por su nombre al liso y llano exterminio. Uno de sus mas altos funcionarios, Adolf Eichmann –que supo vivir tranquilamente en Argentina-, se defendió en juicio definiéndose como "un simple técnico". (Hannah Arendt describe con lucidez esa "banalidad del mal", explicando por que comunes magias puede un hombre dormir con la conciencia tranquila aun habiendo pertenecido a un gobierno que desapareció en la "noche y niebla" a miles de personas.) V. Para entender la enormidad del crimen, hay que entender los motivos: Hace treinta años, el 50% de los argentinos participaba de la creación de la riqueza, y había menos de un 15% de pobres. Hoy tenemos un 50% de pobres que solo participan del 15% de la riqueza. Este pais desigual es fruto de aquella dictadura militar, y así como el modelo económico establecido entonces aun sigue vigente, también hay una continuidad en su política de exclusión (incluida la exclusión de la memoria de la dictadura y el castigo a sus responsables): la Argentina vive aun bajo el influjo del Plan establecido durante aquellos años fundacionales, y así lo demuestra la vigencia de los conflictos relacionados con los juicios a las violaciones a los derechos humanos. Los parientes de las victimas siguen reclamando Justicia, mientras que la mayoría de los responsables sigue en libertad (o ni siquiera son importunados por esto –como en el caso de los colaboracionistas-, siendo, por el contrario, premiados con lugares de privilegio). Mientras esto siga siendo así, seguiran elevando la voz para pedir Justicia. Y aunque la voz de los hijos de una "pobre" trabajadora sea poco al lado del padre de una princesa, como cada vez que besa a sus nietos nos recuerda que Marta Sierra nunca podrá besar a los suyos, eso nos da fuerzas para seguir luchando, no solo por ella, sino por todos aquellos que fueron "desaparecidos" de un modo atroz solo por luchar contra los privilegios que unos pocos aun siguen usufructuando. |